Un ministerio no puede certificar contratos de otro, ni inventarse su propia autoridad. Cada contrato lleva doble validación: la firma del ministerio y la garantía de que ese ministerio está autorizado por la raíz. Si un ministerio cae en corrupción sistémica, la raíz le revoca la autoridad — pero los contratos válidos ya emitidos siguen verificables para siempre.